Luego de un trabajo desarrollado por el grupo de monitoreo y control del Programa de Alimentación Escolar -PAE-, y de las denuncias hechas por el Ministerio de Educación Nacional, la entidad dio a conocer la existencia de tres (3) redes que se han detectado en la operación de alimentación escolar, y han tenido contratos por más de medio billón de pesos en la Costa Atlántica y Norte de Santander.

"La telaraña que se ha venido tejiendo por parte de algunos de los operadores del PAE involucra cambios en la denominación de entidades sin ánimo de lucro, variaciones en la representación legal de estas entidades, agrupaciones en consorcios y uniones temporales. Este tipo de maniobras han permitido a algunos operadores ocultar información relacionada con posibles incumplimientos al momento de ser seleccionados para operar el PAE", afirmó la Ministra de Educación Gina Parody.

Red 1

El Ministerio identificó que Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araujo, por intermedio de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas con estas han celebrado contratos de alimentación escolar desde el año 2007 por un monto aproximado de $449.613 millones.

Estas contrataciones se han realizado mediante fundaciones como: Corporación para el Desarrollo de la Serranía del Perijá - CORPERIJÁ, Unión Temporal en los Años Dorados (Wakuzari - Corperijá), Consorcio Años Dorados (Corperijá - Fundación Provenir - Proveer Nuevo Milenio), Consorcio Nuevo País, Asoalimentarce - Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Consorcio Alimentando un Cesar más Educado (Asoalimentarce - Kábala) y Fundación Acción Social Integral, antes (Kábala) y antes (Fundación Pa Todo El Mundo).

Esta RED ha tenido a lo largo de su funcionamiento a Katia Rosado, Ibis del Carmen Rosado y María Angélica Araujo Noguera como representantes legales.

Red 2

El Ministerio identificó que Adiela Álvarez y Hugo Mario Álvarez, por intermedio de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas con estas han celebrado contratos de alimentación escolar desde el año 2012 por un monto aproximado de $129.011 millones.

Estas contrataciones se han realizado mediante fundaciones como: Corporación Gestión del Recurso Social y Humano -GERS, Consorcio Alimentos del Cesar (GERS - Mauro's Food), Consorcio Maná (GERS - Fundación Proveer Nuevo Milenio), Consorcio Alimentando Corazones (GERS - Sydac), Unión Temporal Nutrisantander (GERS - Nutricol), Fundalimentos y UT Ananias.

Esta RED ha tenido a lo largo de su funcionamiento a Adiela Álvarez Quintero, Hugo Mario Álvarez, Marlene Ester Vásquez, Berna Luz Guillén Carranza, Nini Johana Baraja y Leung Waiy Hon Díaz como representantes legales.

Red 3

El Ministerio identificó que José Antonio Manrique, por intermedio de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas con estas ha celebrado contratos de alimentación escolar desde 2012 en Norte de Santander aproximadamente por $40.426 millones y prestación del servicio educativo desde el año 2012 aproximadamente por $222.000 millones, para un total de $262.426 millones.

El Ministerio de Educación Nacional denunció a Paz y Futuro por las irregularidades encontradas en la prestación del servicio educativo ante la Fiscalía General como resultado de la auditoría realizada en Córdoba y Norte de Santander donde se encontraron 7.638 niños inexistentes.

Estas contrataciones se han realizado mediante fundaciones como: Corporación Paz y Futuro y UT "Dadle vosotros de comer" (Corporación Social Diócesis - Corporación Paz y Futuro).

Esta RED ha tenido a lo largo de su funcionamiento a José Antonio Manrique como representante legal.

"Estas redes han venido tejiéndose por años, son empresas que en muchas ocasiones no cumplen con los estándares y lineamientos para prestar el servicio y se han apoderado históricamente de este negocio. Por primea vez le estamos poniendo el rostro a quienes se esconden detrás de estas empresas", precisó Parody.

El llamado que se hace desde el Ministerio de Educación es para que alcaldías y gobernaciones conozcan cuáles han sido los operadores que hacen parte de esta red y realicen procesos de participación pluralista, es decir con varios oferentes que garanticen la transparencia y una buena prestación del servicio a los niños y jóvenes del país.